Santo Domingo, R.D.– El anuncio de un posible subsidio de hasta RD$800 millones al sector transporte, impulsado por el Gobierno del presidente Luis Abinader, abre un nuevo debate sobre la sostenibilidad de este tipo de medidas y su verdadero impacto en la economía nacional.
Aunque la iniciativa busca evitar alzas en el pasaje y proteger el bolsillo de los ciudadanos, expertos advierten que este tipo de subsidios, si no están bien focalizados y fiscalizados, pueden convertirse en una carga recurrente para las finanzas públicas sin resolver los problemas estructurales del sector.
Uno de los principales cuestionamientos gira en torno a la transparencia en la distribución de los recursos. ¿Cómo se garantizará que el dinero llegue realmente a los transportistas y se traduzca en estabilidad de tarifas para los usuarios? ¿Qué mecanismos de control se implementarán para evitar distorsiones o privilegios?
Asimismo, economistas señalan que subsidiar el transporte sin acompañarlo de reformas profundas —como la modernización de la flotilla, la regulación efectiva del sector o la mejora del sistema de movilidad— puede terminar siendo una solución de corto plazo que posterga decisiones necesarias.
El debate también incluye el costo de oportunidad. En un contexto de limitaciones fiscales, destinar cientos de millones de pesos a subsidios implica dejar de invertir en otras áreas prioritarias como salud, educación o infraestructura.
Desde el Gobierno se insiste en que la medida es necesaria para contener presiones inflacionarias y evitar un impacto directo en la población. Sin embargo, la pregunta de fondo persiste: ¿hasta cuándo puede el Estado sostener este tipo de ayudas sin comprometer su estabilidad financiera?
El desafío no es solo evitar el aumento del pasaje hoy, sino construir un sistema de transporte eficiente, transparente y sostenible en el tiempo. De lo contrario, el subsidio podría convertirse en un paliativo costoso que no resuelve el problema de fondo.
