El esposamiento de la legisladora de Elías Piña plantea serios cuestionamientos sobre el respeto a las prerrogativas parlamentarias y los límites de la autoridad policial.
SANTO DOMINGO.– Desde Realidad Social condenamos la actuación de agentes de la Policía Nacional que colocaron esposas a la diputada Millys Johanna Martínez Morillo, representante de la provincia Elías Piña por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante un incidente ocurrido en el municipio de Comendador.
El hecho, registrado el domingo 11 de octubre durante las festividades patronales, ha generado preocupación y cuestionamientos sobre el respeto a la Constitución de la República y a las garantías que protegen el ejercicio de la función legislativa. <Cite refs={[«turn394424search1″,»turn394424search2»]}/>
Nuestra posición es firme: condenamos cualquier actuación de los organismos de seguridad que desconozca las garantías constitucionales y los procedimientos establecidos por las leyes dominicanas. La Policía Nacional tiene la responsabilidad de preservar el orden público, pero esa misión debe cumplirse con disciplina, prudencia y respeto al Estado de derecho.
La Constitución no puede ignorarse
El artículo 86 de la Constitución dominicana establece garantías relacionadas con la inmunidad parlamentaria y la privación de libertad de los legisladores, con las excepciones previstas en la propia disposición.
Por tanto, las circunstancias en que se produjo el esposamiento de la diputada deben ser examinadas con rigor, tomando en cuenta su condición de representante electa y las disposiciones constitucionales aplicables al caso.
No se trata de sostener que una legisladora está por encima de la ley. Se trata de recordar que la autoridad policial tampoco puede actuar al margen de ella. El respeto a las prerrogativas legislativas constituye una garantía institucional que debe observarse independientemente de las circunstancias o de las diferencias que puedan surgir durante una intervención policial.
Según las informaciones publicadas, la legisladora intervino cuando los agentes intentaban detener a un joven y posteriormente también fue esposada. La Policía Nacional, por su parte, negó que se hubiera producido un arresto formal y anunció una investigación para esclarecer lo sucedido. <Cite refs={[«turn394424search1″,»turn394424search4»]}/>
La autoridad debe dar el ejemplo
Resulta preocupante que una intervención policial termine en un incidente de esta naturaleza, que obliga a cuestionar si se observaron los procedimientos y las garantías correspondientes.
Desde Realidad Social entendemos que los agentes del orden deben actuar con autoridad, pero nunca confundir autoridad con arbitrariedad. El uniforme representa una responsabilidad pública y no una licencia para desconocer los límites que establece la Constitución.
Por esa razón, consideramos necesario que la investigación anunciada por la Policía Nacional llegue hasta las últimas consecuencias, determine cómo se desarrollaron los hechos e identifique cualquier responsabilidad disciplinaria o legal que pudiera corresponder.
También corresponde que las autoridades expliquen públicamente las circunstancias de la intervención, de manera que la ciudadanía pueda conocer lo sucedido y confiar en que las normas se aplican con transparencia.
Ni el uniforme ni la investidura están por encima de la ley
La inmunidad parlamentaria no debe convertirse en un privilegio para evadir responsabilidades, así como la autoridad policial no debe utilizarse para desconocer las garantías de los representantes del pueblo.
La democracia exige equilibrio, respeto institucional y cumplimiento de la Constitución. Si hubo extralimitación policial, debe establecerse la responsabilidad correspondiente; y si existieron circunstancias que justifiquen determinadas actuaciones, deben explicarse con claridad y fundamento legal.
La ley no puede aplicarse según la conveniencia de quien lleva un uniforme ni según la posición de quien ocupa un cargo público. Debe cumplirse con igualdad, responsabilidad y respeto a la Constitución.
Desde Realidad Social reiteramos nuestra condena a cualquier actuación que vulnere las garantías constitucionales y reclamamos una investigación transparente sobre el incidente que involucró a la diputada Millys Martínez en Elías Piña.
Porque defender el Estado de derecho significa exigir que todos cumplan la ley, comenzando por quienes tienen la responsabilidad de hacerla cumplir.
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