Leony Edisson López Novas
Hay algo que la sociedad dominicana no puede seguir ignorando: cuando un presunto delincuente es detenido, sometido a la Justicia y posteriormente vuelve a las calles, el problema de la seguridad no termina. En muchos casos, apenas comienza otro capítulo.
En Barahona y en otros puntos del país se escuchan cada vez más voces preocupadas por personas señaladas de pertenecer a bandas, realizar disparos y participar en hechos delictivos. También han circulado versiones sobre individuos que supuestamente han intentado entregarse a las autoridades y no habrían recibido la respuesta esperada. Todo eso debe ser investigado y aclarado.
Pero hay una pregunta que debemos hacernos como sociedad:
¿De qué sirve que la Policía arriesgue la vida para apresar a una persona acusada de delinquir, si el proceso judicial no logra impedir que vuelva a las calles cuando existen pruebas suficientes?
La Policía no puede ser juez. El policía detiene; el Ministerio Público presenta el caso y los tribunales deciden conforme a la ley.
Por eso, el problema no puede colocarse únicamente sobre los hombros de la Policía Nacional.
La Justicia también tiene una responsabilidad enorme en la lucha contra la delincuencia.
Y que quede claro: no estamos defendiendo ejecuciones, abusos policiales ni la muerte de nadie. Nadie debe ser ejecutado fuera de la ley.
Pero tampoco podemos aceptar que la impunidad termine convirtiéndose en una amenaza permanente para la ciudadanía.
Si una persona tiene un hecho delictivo debidamente probado, que enfrente el proceso correspondiente y, si resulta responsable, que cumpla la condena establecida por la ley.
Porque cuando un delincuente reincidente vuelve una y otra vez a las calles, las consecuencias no las paga solamente el sistema. Las paga el ciudadano común, que tiene que salir a trabajar, enviar sus hijos a la escuela y regresar a su casa con miedo.
Y hay otra consecuencia peligrosa: el agente policial puede terminar preguntándose para qué arriesgar su vida deteniendo a una persona si posteriormente el sistema no logra mantenerla alejada de las calles cuando legalmente corresponde.
Eso es lo que debemos corregir.
No queremos una Policía que mate. Queremos una Policía que pueda detener. No queremos una Justicia que libere por liberar. Queremos una Justicia que aplique la ley. Y no queremos ciudadanos tomando la justicia en sus propias manos. Queremos instituciones que funcionen.
El Estado tiene que garantizar seguridad, investigación, debido proceso y consecuencias para quien resulte culpable.
Ni ejecuciones. Ni impunidad. Justicia.
Porque si la Policía hace su trabajo, el Ministerio Público hace el suyo y los tribunales aplican la ley con responsabilidad, estaremos dando un paso importante para evitar que la violencia siga cobrando vidas.
