SANTO DOMINGO.— La Junta Central Electoral (JCE) decidió suspender temporalmente la aplicación de la disposición que prohibía la publicación y difusión de encuestas o sondeos de opinión con fines electorales fuera del período legal de precampaña y campaña.
La decisión permite, de manera temporal, que las firmas encuestadoras puedan continuar realizando y difundiendo mediciones de opinión electoral, mientras se conocen los recursos y cuestionamientos presentados contra la normativa.
La disposición había generado un amplio debate entre juristas, partidos políticos, empresas encuestadoras y distintos sectores de la sociedad, debido a que el reglamento establecía restricciones para la publicación de estudios electorales antes del inicio formal de la precampaña.
El artículo cuestionado contemplaba sanciones para las firmas que incumplieran la prohibición, incluyendo la suspensión temporal de su registro por un período de seis meses a un año y, en caso de reincidencia, la cancelación definitiva.
La JCE había establecido que la publicación de encuestas con fines electorales estaría restringida hasta el inicio de la precampaña correspondiente a las elecciones de 2028. Sin embargo, ante los recursos interpuestos contra la normativa, el organismo electoral decidió poner en pausa su aplicación hasta que se produzcan las decisiones correspondientes.
La medida abre nuevamente el escenario para la realización y divulgación de encuestas electorales en República Dominicana, aunque las empresas y medios deberán mantenerse atentos a las disposiciones definitivas que adopten las autoridades competentes.
El debate se mantiene abierto en torno a los límites que deben existir entre la regulación electoral, la libertad de información y la necesidad de garantizar condiciones de equidad y transparencia en los procesos electorales.
Con esta decisión, las encuestadoras podrán volver a desarrollar y divulgar sus estudios mientras permanezca suspendida la aplicación de la disposición cuestionada, quedando pendiente una decisión definitiva sobre la validez de la normativa.
