Leony Edisson López Novas
República Dominicana tiene un problema que no puede convertirse en una simple estadística: el elevado número de personas que mueren durante intervenciones de la Policía Nacional, muchas de ellas reportadas oficialmente como resultado de supuestos “intercambios de disparos”.
En los últimos días, nuevamente hemos visto una sucesión de casos en distintos puntos del país. De acuerdo con reportes periodísticos basados en informaciones oficiales, 14 personas murieron durante intervenciones policiales en apenas ocho días, llevando a 173 los fallecidos bajo esta categoría en lo que va de 2026, según el reporte publicado este 19 de septiembre.
Es cierto que la Policía tiene la responsabilidad de enfrentar a quienes utilizan armas de fuego para cometer delitos y proteger a la ciudadanía. También es cierto que existen delincuentes peligrosos que han disparado contra agentes y que algunos enfrentamientos han dejado policías heridos o muertos.
Pero precisamente porque hablamos de la utilización de la fuerza letal por parte del Estado, cada muerte debe ser investigada con absoluta transparencia.
La sociedad dominicana no puede conformarse únicamente con conocer que una persona murió en un supuesto intercambio de disparos. Hay preguntas que deben responderse: ¿quién disparó primero?, ¿qué armas fueron utilizadas?, ¿qué evidencias fueron levantadas?, ¿qué dicen las autopsias?, ¿qué establecen los peritajes balísticos?, ¿había testigos?, ¿existen cámaras de seguridad o videos del momento de los hechos?
Estas preguntas no significan defender a quienes enfrentan a la Policía. Significan defender el Estado de derecho.
Organizaciones de derechos humanos han expresado preocupación por la cantidad de muertes ocurridas durante actuaciones policiales y han reclamado investigaciones independientes, imparciales y transparentes.
La propia reforma de la Policía Nacional enfrenta aquí uno de sus grandes desafíos: que la lucha contra la delincuencia sea firme, pero también respetuosa de la vida, la ley y el debido proceso.
No podemos construir una sociedad más segura acostumbrándonos a que la muerte sea presentada como la respuesta normal frente a la delincuencia.
Si hubo un verdadero enfrentamiento, que las pruebas lo demuestren.
Si hubo una actuación policial legítima, que la investigación la confirme.
Y si hubo abuso de la fuerza, que también se conozca y que los responsables respondan ante la justicia.
La seguridad ciudadana y los derechos humanos no deberían ser enemigos. Una Policía fuerte no es necesariamente la que más dispara, sino la que logra proteger a la población dentro de la ley.
La República Dominicana necesita seguridad, pero también necesita respuestas.
Porque detrás de cada número hay una familia, una comunidad y una historia.
Y cuando el Estado quita una vida, la sociedad tiene derecho a saber exactamente qué ocurrió.
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