Santo Domingo, RD. – El exdirector del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), Santiago Hazim, compareció este jueves 5 de noviembre ante el Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, donde se conoció la revisión obligatoria de las medidas de coerción que pesan en su contra y otros cinco imputados en el expediente por presunta corrupción administrativa en esa institución.
Durante la audiencia, la defensa de Hazim, encabezada por el abogado Miguel Valerio, decidió no presentar nuevos presupuestos ni solicitar la variación de la prisión preventiva, alegando que su estrategia está enfocada en la preparación de un eventual juicio de fondo y que esperará la presentación de la acusación formal del Ministerio Público.
Valerio manifestó que su equipo está preparado para enfrentar el proceso judicial y sostuvo que los señalamientos contra su representado deberán ser esclarecidos ante los tribunales.
Mientras tanto, las defensas de Francisco Iván Minaya Pérez, Ramón Alan Speakler Mateo y Rafael Luis Martínez Hazim solicitaron sustituir la prisión preventiva por medidas menos gravosas, entre ellas garantías económicas, presentación periódica e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, pidió rechazar esas solicitudes y mantener la prisión preventiva, argumentando que no se han presentado nuevos elementos suficientes para justificar un cambio en las medidas.
El juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción, rechazó además incidentes procesales presentados por algunas de las defensas y dispuso un receso para continuar con el conocimiento de la audiencia.
Investigación supera los RD$15,000 millones
El caso está relacionado con una investigación del Ministerio Público sobre presuntas irregularidades administrativas y financieras en SeNaSa, cuyo perjuicio económico, según las autoridades, supera los RD$15,000 millones.
El órgano acusador dispone de una prórroga de cuatro meses para completar las investigaciones y depositar la acusación formal, cuyo plazo vence en diciembre.
El proceso continúa en fase de investigación y los imputados conservan su presunción de inocencia hasta que una sentencia definitiva establezca responsabilidades penales.
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