Por Leony Edison López Novas
En República Dominicana ha vuelto al debate público una expresión que durante años ha formado parte del lenguaje policial: “Código 29” o “poner en 29”.
La discusión se produce en un momento en que la Policía Nacional ha intensificado la persecución contra personas vinculadas a hechos delictivos y varios operativos han terminado con presuntos delincuentes muertos. Informaciones publicadas recientemente también han puesto sobre la mesa cifras elevadas de fallecidos en actuaciones policiales y cuestionamientos sobre algunos de estos casos.
Pero aquí hay algo que debemos tener muy claro: combatir la delincuencia no significa darle a nadie una licencia para matar.
La Policía tiene que actuar con firmeza. Eso nadie debe discutirlo. Un delincuente armado que enfrenta a tiros a una patrulla pone en peligro la vida de los agentes y de ciudadanos inocentes. En una situación de peligro real e inminente, los policías tienen el derecho y el deber de proteger sus vidas y las de terceros, utilizando la fuerza conforme a la ley.
Lo que no podemos convertir en una práctica normal es que la expresión “Código 29” sea interpretada como una sentencia anticipada contra cualquier persona perseguida por la comisión de un delito.
El delincuente debe ser perseguido, apresado y sometido a la justicia.
Y cuando un enfrentamiento termina con una persona muerta, corresponde investigar las circunstancias del hecho. No se trata de defender al delincuente frente a la víctima; se trata de defender un Estado donde la autoridad también está sometida a reglas.
Porque mañana puede tratarse de un reconocido delincuente, pero también puede ocurrir que una persona sea confundida, que existan circunstancias diferentes a las inicialmente informadas o que haya que determinar responsabilidades.
La Policía necesita el respaldo de la ciudadanía, pero ese respaldo se fortalece cuando sus actuaciones son profesionales, transparentes y ajustadas a la ley.
Firmeza contra el crimen, sí. Impunidad para el delincuente, tampoco. Pero ejecuciones al margen de la ley, mucho menos.
La República Dominicana necesita una Policía fuerte, equipada y respetada; una Policía que enfrente a las bandas, al narcotráfico, al porte ilegal de armas y a los delincuentes que mantienen en zozobra a los barrios.
Pero también necesita una Policía que pueda demostrar ante los tribunales que cada actuación estuvo justificada.
El verdadero éxito de la lucha contra la delincuencia no debe medirse solamente por cuántos delincuentes caen abatidos, sino por cuántos delitos se previenen, cuántos criminales son apresados, cuántos casos son esclarecidos y cuántas víctimas reciben justicia.
El país quiere seguridad. Y para conseguirla necesitamos autoridad, inteligencia, prevención, investigación y justicia.
La delincuencia no puede estar por encima de la ley. Pero tampoco la autoridad.
