LEONY EDISSON LÓPEZ NOVAS.
La decisión del Gobierno de reducir en un 50% la asignación económica a los partidos políticos ha desatado una ola de críticas desde sectores de la oposición. Sin embargo, detrás de los discursos encendidos y las denuncias de “atentado a la democracia”, emerge una realidad incómoda: muchos de los que hoy protestan son los mismos que durante años reclamaron austeridad, transparencia y reducción del gasto público.
La política dominicana parece vivir permanentemente en contradicción. Cuando los recursos del Estado escasean, la oposición exige sacrificios, reducción de nóminas, eliminación de privilegios y recortes presupuestarios. Pero cuando el ajuste toca directamente a los partidos, entonces el discurso cambia radicalmente. Lo que antes era “responsabilidad fiscal” ahora es presentado como una “amenaza institucional”.
La pregunta es inevitable: ¿debe el pueblo seguir financiando estructuras partidarias millonarias mientras hospitales, escuelas, seguridad ciudadana y servicios básicos siguen enfrentando enormes limitaciones?
Durante años, amplios sectores sociales han cuestionado el elevado financiamiento público a organizaciones políticas que, en muchos casos, solo aparecen en tiempos electorales. Incluso dirigentes opositores defendieron en el pasado la necesidad de revisar esos fondos y racionalizar el gasto electoral. Hoy, ante la posibilidad de recibir menos dinero, el argumento parece desaparecer.
Nadie discute la importancia de los partidos dentro de la democracia. Son pilares del sistema político y necesarios para la representación ciudadana. Pero también deben entender que no pueden estar desconectados de la realidad económica del país. Si el ciudadano común enfrenta inflación, aumentos de combustibles y presión económica, los partidos no pueden pretender quedar blindados frente a cualquier ajuste.
La reacción opositora deja en evidencia que, en política, muchas veces los principios dependen de quién esté en el poder y de quién reciba el impacto de las medidas. Lo que ayer era correcto, hoy es condenado simplemente porque afecta intereses partidarios.
El debate no debe centrarse únicamente en cuánto dinero reciben los partidos, sino en cómo lo utilizan. La ciudadanía exige transparencia, menos derroche y organizaciones políticas más cercanas a la gente y menos dependientes del presupuesto estatal.
La democracia no se fortalece solo con más dinero. También se fortalece con coherencia, credibilidad y responsabilidad. Y precisamente ahí es donde muchos actores políticos están quedando en deuda ante la sociedad dominicana.
