SANTO DOMINGO.- Las autoridades arrestaron la noche de este miércoles tras un allanamiento a la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio Sillien, quien está acusada de falsificación de títulos.

La también llamada «pastora» fue sacada de su vivienda en Prado Oriental en el municipio Santo Domingo Este.

La tarde de este miércoles, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, ordenó el arresto de la supuesta neurocientífica Silverio, por falsificar un título y hacerse pasar como especialista en la rama en el centro Kogland, donde atendía niños con autismo.

El Ministerio Público hizo un llamado a los padres de los niños atendidos por la supuesta especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, a constituirse en querellantes.

El Ministerio de Salud Pública se querelló contra Silverio por la violación a la Ley 42-01, que establece la prohibición de ejercer cualquier rama de la salud sin tener exequatur.

Esta infracción puede conllevar una sanción de 2 a 10 años de prisión, siempre y cuando se compruebe el delito en el debido proceso.

SANTO DOMINGO.- Las autoridades arrestaron la noche de este miércoles tras un allanamiento a la supuesta neurocientífica Elizabeth Silverio Sillien, quien está acusada de falsificación de títulos.

La también llamada «pastora» fue sacada de su vivienda en Prado Oriental en el municipio Santo Domingo Este.

La tarde de este miércoles, la jueza coordinadora de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional, Kenya Romero, ordenó el arresto de la supuesta neurocientífica Silverio, por falsificar un título y hacerse pasar como especialista en la rama en el centro Kogland, donde atendía niños con autismo.

El Ministerio Público hizo un llamado a los padres de los niños atendidos por la supuesta especialista en el Centro de Terapias Neurocognitivas y Psicopedagógicas Kogland, a constituirse en querellantes.

El Ministerio de Salud Pública se querelló contra Silverio por la violación a la Ley 42-01, que establece la prohibición de ejercer cualquier rama de la salud sin tener exequatur.

Esta infracción puede conllevar una sanción de 2 a 10 años de prisión, siempre y cuando se compruebe el delito en el debido proceso.