PC condena sentencia establece extranjería a hijos de indocumentados

Participación Ciudadana consideró este jueves que viola la Constitución y las leyes la sentencia del Tribunal Constitucional que decide define como extranjeros los hijos de personas que estén en tránsito en la República Dominicana.

Criticó el fallo del recurso de revisión incoado por la señora Juliana Deguis Pierre, por entender que viola varias disposiciones de la Constitución y de la Ley Orgánica del TC.

Adujo que «la desnacionalización de dominicanos hijos de extranjeros “en tránsito” o “indocumentados” constituye una violación de varias disposiciones de la Constitución y de su propia Ley Orgánica, además de no aportar solución al problema migratorio».

La directora ejecutiva de PC, Rosalía Sosa, señaló que el Tribunal, en vez de proteger los derechos de los ciudadanos dominicanos, castiga a un colectivo de personas y, encima de esto, fundamenta su decisión en una situación generada por el propio Estado dominicano, que les otorgó la nacionalidad al nacer.

Afirma, como lo han hecho otras organizaciones y abogados constitucionalistas dominicanos, que el TC transgrede el derecho al debido proceso, el principio de retroactividad, al pretender aplicar la Constitución de 2010 a todos los casos de años anteriores, y el principio de favorabilidad, “que impone la interpretación de la norma en la forma más favorable al titular del derecho fundamental.

 

Señaló que el mismo Tribunal reconoce que la decisión corresponde a otro tipo de tribunal y ordena a la Junta Central Electoral (JCE) a someter el caso ante el tribunal competente.

Sin embargo, “toma la decisión sobre el fondo de dicho caso en su propia sentencia al declarar que la recurrente no reúne las condiciones para adquirir la nacionalidad dominicana”.

Consideró posible que el Estado dominicano sea encontrado responsable de la violación de la Convención de los Derechos Humanos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDD) que sesionará los próximos 8, 9 y 10 de octubre para conocer el caso Tide, Méndez y otros, sobre deportaciones ilegales y expropiación de documentos de identidad.

Informó que se presentará esta sentencia, no. TC/0168/13, como documento de prueba para sustentar el caso. La misma, agregó Sosa, representa una violación al artículo 1.1 de la Convención que compromete a los miembros a “respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social (

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